Exposición de Viviana Muñoz en el Seminario de Derechos del Consumidor: Desafíos y Críticas a la Ley 20.009
En el reciente seminario organizado en conjunto entre AGRECU y la Universidad Gabriela Mistral, Viviana Muñoz, jueza del 4° Juzgado de Policía Local de Santiago, expuso sobre los efectos y desafíos que plantea la Ley 20.009 en el contexto de fraudes y delitos relacionados con el consumidor. Muñoz, con un análisis crítico, cuestionó varios aspectos de la legislación actual que, a su juicio, impone una carga excesiva sobre los consumidores.
“Aquí tenemos un tema penal, el fraude y el autofraude, que se ha querido resolver a través de una legislación que, a mi parecer, rompe ciertos parámetros que rigen el derecho al consumidor”, señaló Muñoz, haciendo referencia a cómo la ley obliga al consumidor a asumir responsabilidades y pruebas que en otros países recaen en las plataformas de transacciones electrónicas, certificadas para garantizar la seguridad.
Muñoz también destacó que la elaboración de esta ley no contempla aportes de todos los sectores relevantes. “Pareciera que no se escucharon todas las voces. Por ejemplo, del cibercrimen… No se consultó a ningún departamento de informática para conocer el impacto de estos fraudes”, explicó, criticando que la legislación fuera elaborada bajo presión de la industria bancaria.
Comparando con el sistema español, Muñoz comprobará que allí existen certificaciones obligatorias para las plataformas de transacciones, lo cual minimiza las posibilidades de fraude.
“En España no hablan de negligencia grave del consumidor; hablan, derechamente, de fraude”, afirmó, contrastando el enfoque con el chileno, donde las cargas parecen inclinarse en contra del consumidor. Además, hizo hincapié en cómo la ley permite presunciones basadas en criterios como la entrega de claves, transacciones recurrentes o familiares, que fácilmente pueden interpretarse en perjuicio del consumidor.
Muñoz subrayó la falta de simetría en el derecho al consumidor que impone esta ley, cuestionando su adecuación al estándar requerido en un contexto de consumo digital: “Estas presunciones son compatibles solo si las plataformas bancarias tuvieran una certificación previa de calidad; de lo contrario, es ponerle una soga al cuello al consumidor”, sentenció.
Su exposición reveló las inconsistencias procesales y el impacto en la vida cotidiana de los consumidores que enfrentan cargos de fraude o autofraude, abriendo un espacio de reflexión para replantear la legislación y proteger efectivamente los derechos del consumidor frente a las obligaciones de la industria financiera.
